The first military commission trial began on Monday, July 21, with Salim Hamdam, Osama bin Laden's alleged driver and bodyguard, entering a not guilty plea. Judge Allred ruled that evening that evidence from certain interrogations could not be used because it was obtained under "highly coercive" conditions. The ruling effectively prohibited the use of Hamdan's statements made during several interrogations held in Afghanistan following his capture in 2001, but allowed for the introduction of statements made after Hamdan's transfer to Guantánamo. Judge Allred also allowed evidence from two videotaped interrogations in Afghanistan, which were shown to the six-member jury on Wednesday. Hamdan appeared uncomfortable and left the courtroom soon after the first tape began to play. He reappeared during the showing of the second video and apologized to the jury for leaving. The videos showed Hamdan hooded, cuffed, at times wincing in pain, and surrounded by U.S. soldiers in masks and carrying weapons. While in the video Hamdan denied any involvement in al Qaeda, the prosecution painted a different picture. Key witnesses, including FBI interrogators and U.S. soldiers, stated that Hamdan had two missiles in his car at the time of his capture and that, during interrogations, Hamdan had admitted he was present when bin Laden praised the September 11 attacks and the destruction they caused.
viernes, 25 de julio de 2008
lunes, 14 de julio de 2008
México. Acoso a miembros de la comunidad de Uruapilla.
Los miembros de la comunidad de Uruapilla y del grupo político Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), en el municipio de Morelia, capital del estado de Michoacán, han sido objeto de intimidación, secuestros y ataques para obligarlos a abandonar una parcela de tierra en disputa. Otros miembros de la comunidad y de la OCIP-RFM pueden correr peligro de nuevos ataques.
La parcela de tierra, conocida como “Tabiquera La Loma”, es utilizada por los habitantes de Uruapilla como lugar donde fabricar ladrillos. Según activistas locales, el 12 de junio unos hombres armados irrumpieron en la casa de Moisés Molina Rodríguez, la única persona que vive en esa parcela. Lo golpearon, lo obligaron a quitarse toda la ropa salvo la interior, le vendaron los ojos y lo obligaron a caminar varias horas hasta un nuevo lugar, que podría ser una bodega, y allí lo encadenaron y lo golpearon repetidamente. No le dieron comida durante ocho días. Moisés Molina Rodríguez cree que en aquel mismo lugar había al menos otros tres hombres prisioneros. Los hombres armados no identificados que lo retenían lo interrogaron repetidamente sobre su pertenencia a la OCIP-RFM, una organización política que ha estado respaldando la reclamación de la tierra por parte de la comunidad.
Moisés Molina Rodríguez quedó en libertad el 26 de junio. Estaba cubierto de hematomas y ha tenido que ser atendido por fractura de costillas. Durante su secuestro le dijeron que abandonara su reclamación sobre la tierra o él y su familia serían asesinados. Cuando su familia contó a un funcionario local a cargo de la seguridad lo que había sucedido, éste no llamó a la policía, e insistió en que la comunidad debía abandonar su reclamación de la tierra en disputa.
El 18 de junio, unos hombres armados llegaron a la casa de José Reyes Aguilar, también miembro de la comunidad de Uruapilla y de la OCIP-RFM. Lo atacaron y, en la refriega que siguió, José Reyes Aguilar recibió un disparo en la pierna. Todavía está recibiendo tratamiento hospitalario por las graves heridas que sufrió en la pierna.
El 4 de julio, otro miembro de la comunidad y de la OCIP-RFM, Adenicio Reyna Cruz, fue secuestrado. Según su testimonio y el de testigos presenciales, se lo llevó un grupo de hombres armados que conducían dos vehículos 4X4 sin placas de matrícula. Lo dejaron libre al día siguiente. Había sido golpeado y necesitó tratamiento hospitalario por la fractura de varias costillas y la perforación de un pulmón.
Se han recibido informes que indican que, desde los incidentes, se ha visto en la zona a los mismos vehículos utilizados en el secuestro de Adenicio Reyna Cruz y el ataque contra José Reyes Aguilar. Los habitantes de Uruapilla creen que tras los ataques se esconde personal militar. En el estado de Michoacán hay una fuerte presencia militar, a consecuencia de las operaciones emprendidas por las autoridades contra las redes de narcotráfico.
Los miembros de la OCIP-RFM han denunciado los ataques ante la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, y han pedido protección, pero las autoridades todavía no se la han proporcionado.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los habitantes de Uruapilla afirman haber heredado el derecho a utilizar la tierra en disputa conocida como “Tabiquera La Loma”. Durante varios años han sufrido los desafíos y la intimidación de otro grupo comunitario que reclama esa misma tierra. Aquellos que han reafirmado su derecho a utilizar la tierra han sido intimidados en varias ocasiones y sometidos a procedimientos judiciales basados en cargos falsos. En 2007, un tribunal agrario, que decide sobre las disputas de tierras, falló en contra de la reclamación de la comunidad de Uruapilla, pero no se ha dictado orden de desalojo oficial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que protejan de inmediato a los habitantes de la comunidad de Uruapilla y los miembros de la OCIP-RFM, utilizando las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos cometidos contra los miembros de la OCIP-RFM y la comunidad de Uruapilla en junio y julio;- pidiendo a las autoridades que investiguen la presencia de grupos de hombres armados no identificados y que determinen si tienen vínculos con las fuerzas de seguridad o si actúan con su connivencia.
La parcela de tierra, conocida como “Tabiquera La Loma”, es utilizada por los habitantes de Uruapilla como lugar donde fabricar ladrillos. Según activistas locales, el 12 de junio unos hombres armados irrumpieron en la casa de Moisés Molina Rodríguez, la única persona que vive en esa parcela. Lo golpearon, lo obligaron a quitarse toda la ropa salvo la interior, le vendaron los ojos y lo obligaron a caminar varias horas hasta un nuevo lugar, que podría ser una bodega, y allí lo encadenaron y lo golpearon repetidamente. No le dieron comida durante ocho días. Moisés Molina Rodríguez cree que en aquel mismo lugar había al menos otros tres hombres prisioneros. Los hombres armados no identificados que lo retenían lo interrogaron repetidamente sobre su pertenencia a la OCIP-RFM, una organización política que ha estado respaldando la reclamación de la tierra por parte de la comunidad.
Moisés Molina Rodríguez quedó en libertad el 26 de junio. Estaba cubierto de hematomas y ha tenido que ser atendido por fractura de costillas. Durante su secuestro le dijeron que abandonara su reclamación sobre la tierra o él y su familia serían asesinados. Cuando su familia contó a un funcionario local a cargo de la seguridad lo que había sucedido, éste no llamó a la policía, e insistió en que la comunidad debía abandonar su reclamación de la tierra en disputa.
El 18 de junio, unos hombres armados llegaron a la casa de José Reyes Aguilar, también miembro de la comunidad de Uruapilla y de la OCIP-RFM. Lo atacaron y, en la refriega que siguió, José Reyes Aguilar recibió un disparo en la pierna. Todavía está recibiendo tratamiento hospitalario por las graves heridas que sufrió en la pierna.
El 4 de julio, otro miembro de la comunidad y de la OCIP-RFM, Adenicio Reyna Cruz, fue secuestrado. Según su testimonio y el de testigos presenciales, se lo llevó un grupo de hombres armados que conducían dos vehículos 4X4 sin placas de matrícula. Lo dejaron libre al día siguiente. Había sido golpeado y necesitó tratamiento hospitalario por la fractura de varias costillas y la perforación de un pulmón.
Se han recibido informes que indican que, desde los incidentes, se ha visto en la zona a los mismos vehículos utilizados en el secuestro de Adenicio Reyna Cruz y el ataque contra José Reyes Aguilar. Los habitantes de Uruapilla creen que tras los ataques se esconde personal militar. En el estado de Michoacán hay una fuerte presencia militar, a consecuencia de las operaciones emprendidas por las autoridades contra las redes de narcotráfico.
Los miembros de la OCIP-RFM han denunciado los ataques ante la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, y han pedido protección, pero las autoridades todavía no se la han proporcionado.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los habitantes de Uruapilla afirman haber heredado el derecho a utilizar la tierra en disputa conocida como “Tabiquera La Loma”. Durante varios años han sufrido los desafíos y la intimidación de otro grupo comunitario que reclama esa misma tierra. Aquellos que han reafirmado su derecho a utilizar la tierra han sido intimidados en varias ocasiones y sometidos a procedimientos judiciales basados en cargos falsos. En 2007, un tribunal agrario, que decide sobre las disputas de tierras, falló en contra de la reclamación de la comunidad de Uruapilla, pero no se ha dictado orden de desalojo oficial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que protejan de inmediato a los habitantes de la comunidad de Uruapilla y los miembros de la OCIP-RFM, utilizando las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos cometidos contra los miembros de la OCIP-RFM y la comunidad de Uruapilla en junio y julio;- pidiendo a las autoridades que investiguen la presencia de grupos de hombres armados no identificados y que determinen si tienen vínculos con las fuerzas de seguridad o si actúan con su connivencia.
Fuente: Amnistía Internacional.
miércoles, 9 de julio de 2008
Colombia: Martha Obando (Dona Chila) was shot dead
On June 29, 2008, Martha Obando was shot dead in the main street of her suburb in the outskirts of Buenaventura, Colombia. Obando, known affectionately as Dona Chila, was an active community and women's rights leader.
She started a small organization for women who had fled conflict and are now heads of their households.
Dona Chila was killed one hour after organizing a children's tournament of traditional games, held to dissuade young people from engaging in violence. Although many Colombians are unfortunately killed each year, Dona Chila's colleagues fear her murder was related to her human rights advocacy.
Take action now to urge the Colombian government to:
Immediately investigate the killing and prosecute those responsible;
Publicly condemn the killing; and
Ensure that other women leaders in the region are adequately protected.
women's+rights+leader
Doña+Chila
Obando
lunes, 7 de julio de 2008
México: Tortura en Guanajuato detecta la CNDH
Investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentan que funcionarios públicos del estado ejercen la tortura como una práctica sistemática para obtener información o declaraciones.
El organismo detectó esta violación a los derechos humanos en ciudades como Guanajuato, Irapuato y San Miguel Allende.
La CNDH investigó seis casos en los que ocho detenidos fueron golpeados por agentes judiciales hasta causarles heridas graves.
Tras la polémica desatada por los videos que exhiben actos de tortura en el entrenamiento de policías municipales de León, ciudadanos, académicos y estudiantes protestaron ayer contra lo que llamaron “política fascista” de la administración local y exigieron la renuncia del alcalde, Vicente Guerrero.
La CNDH envió una recomendación al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, a fin de que tome las medidas que sean necesarias para evitar que se vuelva a cometer esa “violación de lesa humanidad” y se inicien LOS procedimientos administrativos y penales contra los responsables de dichos abusos.
Aclaró que “no se opone a la prevención y persecución de los delitos”, pero con apego a la ley.
El organismo detectó esta violación a los derechos humanos en ciudades como Guanajuato, Irapuato y San Miguel Allende.
La CNDH investigó seis casos en los que ocho detenidos fueron golpeados por agentes judiciales hasta causarles heridas graves.
Tras la polémica desatada por los videos que exhiben actos de tortura en el entrenamiento de policías municipales de León, ciudadanos, académicos y estudiantes protestaron ayer contra lo que llamaron “política fascista” de la administración local y exigieron la renuncia del alcalde, Vicente Guerrero.
La CNDH envió una recomendación al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, a fin de que tome las medidas que sean necesarias para evitar que se vuelva a cometer esa “violación de lesa humanidad” y se inicien LOS procedimientos administrativos y penales contra los responsables de dichos abusos.
Aclaró que “no se opone a la prevención y persecución de los delitos”, pero con apego a la ley.
fuente: El Universal de México
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