FBI ADMITS TO IMPROPERLY OBTAINING PRESS PHONE RECORDS

On Friday, August 8, FBI Director Robert Mueller III admitted that, in 2004, the agency improperly obtained phone records of New York Times and Washington Post reporters working in the papers' Indonesia bureaus. The agency obtained the records as part of a terrorism investigation. The breach came to light during a Justice Department investigation into the FBI's use of "exigent" letters, emergency demands not authorized by law and issued to telecommunication companies as a means to collect phone and email records. Reporters' records are protected by the First Amendment, and the ability to acquire the records requires the approval of the deputy attorney general. While the FBI would not disclose the nature of its investigation, the reporters who were targeted were writing pieces on Islamic terrorism in Southeast Asia. Valerie Caproni, FBI General Counsel, stated that the records only listed the phone calls that were made or received and did not detail the content of the calls. FBI spokesman Michael Kortan commented that the records were not used for any investigation and that they have since been removed from the FBI's databases. Mueller apologized to the executive directors of both newspapers. He will testify about the breach before a Senate Judiciary Committee hearing on September 17.

Source: HUMAN RIGHTS FIRST

FBI,
First+Amendment,
PHONE+RECORDS

FIRST GUANTÁNAMO MILITARY COMMISSION

The first military commission trial began on Monday, July 21, with Salim Hamdam, Osama bin Laden's alleged driver and bodyguard, entering a not guilty plea. Judge Allred ruled that evening that evidence from certain interrogations could not be used because it was obtained under "highly coercive" conditions. The ruling effectively prohibited the use of Hamdan's statements made during several interrogations held in Afghanistan following his capture in 2001, but allowed for the introduction of statements made after Hamdan's transfer to Guantánamo. Judge Allred also allowed evidence from two videotaped interrogations in Afghanistan, which were shown to the six-member jury on Wednesday. Hamdan appeared uncomfortable and left the courtroom soon after the first tape began to play. He reappeared during the showing of the second video and apologized to the jury for leaving. The videos showed Hamdan hooded, cuffed, at times wincing in pain, and surrounded by U.S. soldiers in masks and carrying weapons. While in the video Hamdan denied any involvement in al Qaeda, the prosecution painted a different picture. Key witnesses, including FBI interrogators and U.S. soldiers, stated that Hamdan had two missiles in his car at the time of his capture and that, during interrogations, Hamdan had admitted he was present when bin Laden praised the September 11 attacks and the destruction they caused.

México. Acoso a miembros de la comunidad de Uruapilla.

Los miembros de la comunidad de Uruapilla y del grupo político Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), en el municipio de Morelia, capital del estado de Michoacán, han sido objeto de intimidación, secuestros y ataques para obligarlos a abandonar una parcela de tierra en disputa. Otros miembros de la comunidad y de la OCIP-RFM pueden correr peligro de nuevos ataques.

La parcela de tierra, conocida como “Tabiquera La Loma”, es utilizada por los habitantes de Uruapilla como lugar donde fabricar ladrillos. Según activistas locales, el 12 de junio unos hombres armados irrumpieron en la casa de Moisés Molina Rodríguez, la única persona que vive en esa parcela. Lo golpearon, lo obligaron a quitarse toda la ropa salvo la interior, le vendaron los ojos y lo obligaron a caminar varias horas hasta un nuevo lugar, que podría ser una bodega, y allí lo encadenaron y lo golpearon repetidamente. No le dieron comida durante ocho días. Moisés Molina Rodríguez cree que en aquel mismo lugar había al menos otros tres hombres prisioneros. Los hombres armados no identificados que lo retenían lo interrogaron repetidamente sobre su pertenencia a la OCIP-RFM, una organización política que ha estado respaldando la reclamación de la tierra por parte de la comunidad.

Moisés Molina Rodríguez quedó en libertad el 26 de junio. Estaba cubierto de hematomas y ha tenido que ser atendido por fractura de costillas. Durante su secuestro le dijeron que abandonara su reclamación sobre la tierra o él y su familia serían asesinados. Cuando su familia contó a un funcionario local a cargo de la seguridad lo que había sucedido, éste no llamó a la policía, e insistió en que la comunidad debía abandonar su reclamación de la tierra en disputa.

El 18 de junio, unos hombres armados llegaron a la casa de José Reyes Aguilar, también miembro de la comunidad de Uruapilla y de la OCIP-RFM. Lo atacaron y, en la refriega que siguió, José Reyes Aguilar recibió un disparo en la pierna. Todavía está recibiendo tratamiento hospitalario por las graves heridas que sufrió en la pierna.

El 4 de julio, otro miembro de la comunidad y de la OCIP-RFM, Adenicio Reyna Cruz, fue secuestrado. Según su testimonio y el de testigos presenciales, se lo llevó un grupo de hombres armados que conducían dos vehículos 4X4 sin placas de matrícula. Lo dejaron libre al día siguiente. Había sido golpeado y necesitó tratamiento hospitalario por la fractura de varias costillas y la perforación de un pulmón.

Se han recibido informes que indican que, desde los incidentes, se ha visto en la zona a los mismos vehículos utilizados en el secuestro de Adenicio Reyna Cruz y el ataque contra José Reyes Aguilar. Los habitantes de Uruapilla creen que tras los ataques se esconde personal militar. En el estado de Michoacán hay una fuerte presencia militar, a consecuencia de las operaciones emprendidas por las autoridades contra las redes de narcotráfico.

Los miembros de la OCIP-RFM han denunciado los ataques ante la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, y han pedido protección, pero las autoridades todavía no se la han proporcionado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los habitantes de Uruapilla afirman haber heredado el derecho a utilizar la tierra en disputa conocida como “Tabiquera La Loma”. Durante varios años han sufrido los desafíos y la intimidación de otro grupo comunitario que reclama esa misma tierra. Aquellos que han reafirmado su derecho a utilizar la tierra han sido intimidados en varias ocasiones y sometidos a procedimientos judiciales basados en cargos falsos. En 2007, un tribunal agrario, que decide sobre las disputas de tierras, falló en contra de la reclamación de la comunidad de Uruapilla, pero no se ha dictado orden de desalojo oficial.


ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que protejan de inmediato a los habitantes de la comunidad de Uruapilla y los miembros de la OCIP-RFM, utilizando las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos cometidos contra los miembros de la OCIP-RFM y la comunidad de Uruapilla en junio y julio;- pidiendo a las autoridades que investiguen la presencia de grupos de hombres armados no identificados y que determinen si tienen vínculos con las fuerzas de seguridad o si actúan con su connivencia.

Fuente: Amnistía Internacional.

Colombia: Martha Obando (Dona Chila) was shot dead

On June 29, 2008, Martha Obando was shot dead in the main street of her suburb in the outskirts of Buenaventura, Colombia. Obando, known affectionately as Dona Chila, was an active community and women's rights leader.
She started a small organization for women who had fled conflict and are now heads of their households.
Dona Chila was killed one hour after organizing a children's tournament of traditional games, held to dissuade young people from engaging in violence. Although many Colombians are unfortunately killed each year, Dona Chila's colleagues fear her murder was related to her human rights advocacy.
Take action now to urge the Colombian government to:
Immediately investigate the killing and prosecute those responsible;
Publicly condemn the killing; and
Ensure that other women leaders in the region are adequately protected.

women's+rights+leader
Doña+Chila
Obando

México: Tortura en Guanajuato detecta la CNDH

Investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentan que funcionarios públicos del estado ejercen la tortura como una práctica sistemática para obtener información o declaraciones.
El organismo detectó esta violación a los derechos humanos en ciudades como Guanajuato, Irapuato y San Miguel Allende.
La CNDH investigó seis casos en los que ocho detenidos fueron golpeados por agentes judiciales hasta causarles heridas graves.
Tras la polémica desatada por los videos que exhiben actos de tortura en el entrenamiento de policías municipales de León, ciudadanos, académicos y estudiantes protestaron ayer contra lo que llamaron “política fascista” de la administración local y exigieron la renuncia del alcalde, Vicente Guerrero.

La CNDH envió una recomendación al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez, a fin de que tome las medidas que sean necesarias para evitar que se vuelva a cometer esa “violación de lesa humanidad” y se inicien LOS procedimientos administrativos y penales contra los responsables de dichos abusos.
Aclaró que “no se opone a la prevención y persecución de los delitos”, pero con apego a la ley.

fuente: El Universal de México

Colombian human rights activist and theologian Abilio Pena was assaulted and intimidated

On June 20, Colombian human rights activist and theologian Abilio Pena was assaulted and intimidated by known members of the Black Eagles paramilitary group in western Colombia.
Pena, two other human rights defenders from the Inter-Church Justice and Peace Commission, and a group of Afro-Colombians displaced from their lands were on their way to Curvarado, Choco, when men carrying machetes stopped and surrounded them for hours.
The human rights defenders were to assist in the process of demarcating and returning land reportedly taken from Afro-Colombians by paramilitaries in 1996. The Commission advocates on behalf of the return of this land to its collective owners.
You can help stop the intimidation of Colombian defenders working to recover land taken from Afro-Colombians in Curvarado. Join us in demanding that the Colombian Attorney General:
*Immediately investigate the June 20 events, especially the involvement of the Black Eagles paramilitary group.
*Expedite the criminal investigation into twenty-three employees of palm oil companies for illegal appropriation of land and forced displacement.
*Assure police presence at any future demarcation of land.

Celebran en Nicaragua el Día del Orgullo Gay

A su paso algunas personas los llamaron maricones, sin embargo, autodeclararse gay en un país como Nicaragua, tan lleno de prejuicios, es un acto para personas que tienen muchos pantalones. Durante la marcha celebrada ayer, más allá de prestar atención a los comentarios, la comunidad gay nicaragüense celebró en grande el Día Mundial del Orgullo Gay. Pese a la lluvia, ondearon las banderas con los colores del arco iris, porque este año la comunidad gay, compuesta por homosexuales, bisexuales, lesbianas y transexuales, tiene mucho que celebrar, pues el año pasado fue abolido del Código Penal el artículo 204, que condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo.“Fue una lucha por nuestros derechos que duró 15 años, 15 años de incidencia política en la lucha por la diversidad sexual, pero aun cuando ya no se están condenando por ley las relaciones entre personas del mismo sexo, estamos frente a mucha homofobia estatal, sobre todo en los centros de salud y escuelas”, declaró el licenciado Norman Gutiérrez Morgan, Director Ejecutivo del Centro para la Educación y Prevención del Sida (Cepresi). Más de diez casos en Fiscalía de acuerdo con Gutiérrez Morgan, suman más de diez los casos que han sido llevados ante la Fiscalía General de la República en contra de instituciones como colegios de secundaria, que violentan el derecho a la educación de algunos adolescentes porque a los maestros o directores no les parece “correcta” su orientación sexual; situaciones similares se han dado también en algunos centros de salud donde las personas son discriminadas por su opción sexual. “La abolición del artículo 204 fue una victoria que sabemos no se logró porque los diputados o diputadas estuvieran sensibilizados sobre los derechos humanos que nos son violentados, sino por la presión social, cívica y pacífica que se ejerció y que culminó con las declaraciones históricas del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien dijo que se había legislado para los ciudadanos y no para la Iglesia, es decir, en este caso los tomadores de decisión al fin aplicaron la Constitución y la laicidad del Estado”, afirmó Gutiérrez Morgan.

Violencia escalando. La victoria en Nicaragua es una de las pocas, si no la única noticia positiva para la comunidad gay centroamericana que este año recuerda a algunos líderes gay locales que fueron asesinados en Guatemala, Honduras y Belice.“Lamentablemente la violencia hacia la comunidad gay y la homofobia vienen en ascenso y cobran víctimas no sólo por la delincuencia común que azota a esos países, sino de parte de los cuerpos policiales que reprimen sobre todo a los transexuales, y también por personas que representan determinado poder desde sus iglesias y llaman al odio hacia personas como nosotros”, afirmó Gutiérrez Morgan.En un informe difundido por la organización Amnistía Internacional, a propósito del Día Mundial del Orgullo Gay, se señala que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales con la ley en la mano, y hasta ocho, todos musulmanes, penan la homosexualidad con la muerte.Urge campaña estatalPara concluir el director ejecutivo de Cepresi comentó que en Nicaragua urge una campaña estatal de educación sexual como la que esta haciendo el gobierno de Brasil con el fin de eliminar la homofobia de los colegios. “Aquí tenemos instituciones que supuestamente velan por los derechos humanos de todos los nicaragüenses, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y nunca han hecho un estudio sobre la violencia que enfrentan las personas con diferente opción sexual; no están fiscalizando”, concluyó Gutiérrez Morgan. La celebración del Día Mundial del Orgullo Gay finalizó en Nicaragua con el Festival por la Diversidad Sexual, en la Escuela de Danza frente a la Universidad Nacional de Ingeniería.

¿Cuándo y dónde?La celebración del Día Mundial del Orgullo Gay se inició un año después de la llamada rebelión de Stonewall, nombrada así por el lugar donde ocurrió, el bar Stonewall, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, donde se dio una serie de enfrentamientos violentos ocurridos el 28 de junio de 1969 entre la clientela gay del lugar y la Policía de Nueva York, un evento que marcó para muchos el nacimiento internacional del movimiento en defensa de los derechos de las personas con diferente opción sexual. La marcha de los gays comenzó a organizarse al año siguiente, en 1970, comenzando en la Quinta Avenida con calle 52 de Manhathan y culminando en el Greenwich Village, un barrio de Nueva York conocido por su comunidad gay. Desde entonces la comunidad gay le ha impreso a su celebración un mensaje político de lucha contra la homofobia, pero el Día Mundial del Orgullo Gay, que se celebra en todo el mundo, se globalizó en los años 80, cuando la comunidad gay alzó la bandera de la lucha contra el sida, teniendo como rostro de esa lucha al actor de cine Rock Hudson.

fuente: El Nuevo Diario

Arzobispo Desmond Tutu pide a Africa que rechace a Mugabe

LONDRES (Reuters) - El arzobispo Desmond Tutu pidió el domingo a la Unión Africana que rechace al Gobierno del presidente Robert Mugabe en Zimbabue e instó a la comunidad internacional a actuar con fuerza si fuese necesario.
Se espera que Mugabe jure como presidente después de una elección presidencial de un candidato ampliamente condenada, que fue manchada por el retiro del líder opositor Morgan Tsvangirai debido a la violencia e intimidación.
Los líderes de la Unión Africana se reunirán el lunes en Egipto, enfrentando una creciente presión internacional para que tomen acciones contra Mugabe.
"Si pudieras tener una voz anónima, que diga claramente a Mugabe (...) usted es ilegítimo y nosotros no reconoceremos a su gobierno en ninguna forma. Creo que esa sería una señal muy, muy poderosa y realmente fortalecería la mano de la comunidad internacional," dijo Tutu, un Sudafricano ganador del Premio Nobel de la Paz, en una entrevista con la BBC.
Tutu dijo que Mugabe no debería participar en el futuro de Zimbabue y reiteró su llamado por una intervención militar de una fuerza de Naciones Unidas lideradas por tropas africanas si fuese necesario.
"Esa crisis debe ser resuelta más pronto que tarde," sostuvo. "Yo creo que se puede hacer un muy buen argumento a favor de tener una fuerza internacional para restaurar la paz," agregó.
"Casi todos dirán que cualquier arreglo después de la farsa del viernes, que ese arreglo debería ser uno en el que el señor Mugabe ciertamente no aparezca más," concluyó.

Fuente: Reuter's (Reportado por Matt Falloon y editado en español por Ricardo Figueroa)

Court Voids Finding on Guantánamo Detainee

In the first civilian judicial review of the government’s evidence for holding any of the Guantánamo Bay detainees, a federal appeals court has ordered that one of them be released or given a new military hearing.
The ruling, made known Monday in a notice from the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, overturned a Pentagon tribunal’s decision in the case of one of 17 Guantánamo detainees who are ethnic Uighurs, a Muslim minority from western China.
The imprisonment of the 17 Uighurs (pronounced WEE-goors) has drawn wide attention because of their claim that although they were in Afghanistan when the United States invaded in 2001, they were never enemies of this country and were mistakenly swept into Guantánamo.
The court’s decision was a new setback for the Bush administration, which has suffered a string of judicial defeats on Guantánamo policy, most recently in a Supreme Court ruling on June 12 that dealt with a separate issue of detainee rights. The Uighur case was argued long before that ruling by the justices.
The one-paragraph notice from the appeals court said a three-judge panel had found in favor of Huzaifa Parhat, a former fruit peddler who made his way from western China to a Uighur camp in Afghanistan.
“The court directed the government to release or to transfer Parhat, or to expeditiously hold a new tribunal,” the notice said. It said the court had found “invalid” the military’s decision that he was an enemy combatant.
The Justice Department said it was reviewing the decision.
The ruling, given to both sides on Friday, has otherwise been sealed for national security reasons but is expected to be released soon, with deletions.
The panel was made up of Judges David B. Sentelle, Merrick B. Garland and Thomas B. Griffith. Their decision could have broad application, lawyers said. “This raises enormous questions about just who they are holding at Guantánamo,” said P. Sabin Willett, Mr. Parhat’s lead lawyer.
Its practical consequences for Mr. Parhat, however, are not clear. The administration has said it will not return Uighur detainees to China because of concerns about their treatment at the hands of the Chinese government, which views them as terrorists. A State Department official said Monday that the department had not found a country to accept any of the Guantánamo Uighurs since Albania accepted five of them in 2006.
As a result, said one of Mr. Parhat’s lawyers, Susan Baker Manning, court victory may not mean freedom for him.
By law, the appeals court has the power to review Pentagon hearings known as combatant status review tribunals, one of which found Mr. Parhat to be an enemy combatant. At those hearings, detainees are not permitted lawyers, cannot see all the evidence against them and face hurdles in trying to present their own evidence.
Although the adequacy of those hearings was an issue in the Supreme Court’s June 12 ruling, that decision centered on what it found to be the detainees’ constitutional right to challenge their detention in federal court through separate habeas corpus proceedings. The decision in Mr. Parhat’s case came under the much more limited procedures that Congress provided for contesting the findings of the military hearings.
Before the appeals court, the two sides took sharply different views of the group of Uighurs who were in Afghanistan in 2001.
The government asserted that the Uighurs had been at a training camp that, the government said, was associated with Al Qaeda and the Taliban. Mr. Parhat’s lawyers, on the other hand, noted that at his Guantánamo hearing, he explained that he had left China to fight for Uighur independence. According to a transcript, he said that “we never been against the United States.”

Source: The New York Times By WILLIAM GLABERSON Published: June 24, 2008

GUATEMALA. Temor por la seguridad y amenazas de muerte a Personas que trabajan como voluntarias en HIJOS.

Una persona que trabaja como voluntaria para la organización de derechos humanos guatemalteca Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) ha sido golpeada y amenazada de muerte, en un aparente intento de detener la labor de la organización. La vida de todos los miembros de HIJOS puede correr peligro.El 21 de junio, hacia las tres y media de la tarde, esta persona que trabaja como voluntaria (y que no desea que se revele su nombre) caminaba por la capital, la Ciudad de Guatemala, cuando dos hombres salieron de una camioneta gris y caminaron hacia ella. Esta persona trató de huir, pero uno de los hombres la agarró. Según esta persona, a la que una delegación de Amnistía Internacional entrevistó en la Ciudad de Guatemala, el hombre dijo: "Espérate. Sólo queremos que me hagas el favor que le digas a esos de HIJOS que dejen de estar haciendo babosadas porque nos van a cansar y los vamos a tener que matar [...] Los tenemos camareados. ¿Quiénes son los organizadores de lo que están haciendo? [...] Decíles a esta bola de peludos que se comporten como hombres porque nos vamos a cansar y les vamos a quebrar el c***". El hombre golpeó a esta persona miembro de HIJOS dos veces en el estómago y huyó junto con su cómplice. El 21 de junio es el Día Nacional de Guatemala contra la Desaparición Forzada. HIJOS organizó una serie de actos públicos para esa fecha.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Un grupo de personas que habían perdido a familiares durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) fundó en 1999 la organización de voluntarios HIJOS. Desde entonces, esta organización ha hecho campaña en favor de la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto y para preservar la memoria de quienes murieron o fueron víctimas de desaparición forzada. Entre sus actividades está la organización de obras teatrales y festivales de música, así como la difusión de investigaciones. HIJOS forma parte también de una coalición de organizaciones que se opone a la celebración de desfiles militares de las fuerzas armadas en Guatemala. Este año, su objetivo ha sido abolir el Día del Ejército, próximo a celebrarse (el 30 de junio), y su tradicional desfile militar. El 8 de junio, el gobierno anunció que se había cancelado el desfile por motivos presupuestarios. Unos días después, una organización no gubernamental pro militar dijo que llevaría a cabo su propio desfile. El 15 de junio se publicó en un periódico guatemalteco un artículo que decía que HIJOS era responsable de la cancelación del desfile oficial, porque odiaba al ejército. HIJOS ya ha sido víctima anteriormente de amenazas, intimidación y asaltos a sus oficinas, los más recientes en 2005. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha procesado a nadie por estos incidentes.

Fuente: Amnistía Internacional.

Help pressure G8 leaders to take action on Darfur

In less than two weeks, world leaders from G8 countries — U.S., Canada, Japan, the U.K., Germany, France, Italy, and Russia — meet for their annual Summit in Japan to debate action on issues of global concern.
If the violence in Darfur — with over 300,000 people dead and 2.5 million displaced — is not a matter of global concern, then what is?
The G8 Summit comes at a perilous time for both Darfur and the whole of Sudan. Intensified violence in Darfur has resulted in more death and displacement, and recent fighting in the Abyei region of Sudan suggests the unraveling of the fragile North/South peace agreement.
The government of Sudan and the world will be watching the G-8 Summit closely. Last week, 50 non-governmental organizations, representing all G8 states and Sudan, sent a Letter or e-mail to all G8 Leaders and Foreign Ministers or Foreign Offices, calling on them to demand:
-An immediate stop to violence in Darfur
-A halt to arms transfers, directly or indirectly, to Darfur in violation of the U.N. arms embargo
-Rapid deployment of the peacekeeping force in Darfur, UNAMID
-A reinvigorated peace process
-Justice and accountability for atrocities committed

Source: Human Rights First

Act Now to End Human Rights Crisis in Zimbabwe

After 28 years in power, Zimbabwean President Robert Mugabe has unleashed new levels of violence in an effort to avoid defeat in an election on June 27. Dozens of opposition party workers have been brutally assassinated, and their supporters subject to widespread violence and intimidation.
Human rights defenders are especially important during such times of crisis, and for that reason have become targets themselves. Election monitors and human rights lawyers have been arrested and beaten by police and armed gangs, and many have fled the country due to death threats.
It is clear that fair elections are impossible, and the international community should put its full weight behind stopping the violence. But effective action by Zimbabwe's neighbors, and especially the region's main power, South Africa, is long overdue.
You can help. Please call on the African Union (AU), the Southern African Development Community (SADC), and the government of South Africa to take a strong and unified stance against the repressive measures of President Mugabe, by:
1. Condemning the violence in forceful and unequivocal terms, including the upcoming meeting in Egypt among Africa's leaders. 2. Enlarging the mediation process, so far entrusted to South Africa's Thabo Mbeki, to include other prominent leaders in the region. 3. Conducting immediate and effective on-the-ground monitoring by sending human rights observers.

Source: Human Rights First

Zimbabue: Hallazgo de los cadáveres de 12 víctimas de tortura

Amnistía Internacional reveló el jueves 19 de junio el hallazgo de 12 cadáveres en diversas zonas de Zimbabue. La mayoría de las víctimas parecen haber muerto como consecuencia de las torturas infligidas por sus secuestradores.Las víctimas fueron secuestradas presuntamente por simpatizantes de Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), en algunos casos acompañados de hombres armados que al parecer eran agentes del gobierno. Cuatro de las víctimas fueron secuestradas por jóvenes de la ZANU-PF, según los informes, el 18 de junio en el domicilio en Chitungwiza del Sr. Chipiyo, concejal electo del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). Uno de los fallecidos es Archford Chipiyo, hijo del concejal electo. Cinco cadáveres se encontraron en la provincia de Masvingo, mientras que dos se hallaron en el distrito de Gokwe, provincia de Midlands, y de otro se habían deshecho en Harare. Una mujer murió el 19 de junio en un hospital de Harare debido a las lesiones causadas por la paliza que le propinaron jóvenes de la ZANU-PF cuando asistía al funeral de un familiar en Buhera. Amnistía Internacional también ha recibido información de testigos presenciales que afirman que grupos de soldados recorren los poblados amenazando a sus habitantes con armas de fuego y ordenándoles que voten por el presidente Mugabe el 27 de junio. “El gobierno debe denunciar públicamente todos los actos de violencia de simpatizantes de la ZANU-PF, ‘veteranos de guerra’ y soldados, y trabajar con todos los partidos políticos para poner fin de inmediato a la violencia”, ha afirmado Amnistía Internacional. “El gobierno también debe retirar a los soldados desplegados en zonas rurales y urbanas que están instigando ataques contra personas a las que consideran simpatizantes del MDC.”Amnistía Internacional pide también a los dirigentes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que convoquen una cumbre de emergencia para abordar el deterioro de la seguridad en Zimbabue.

Fuente: Amnistía Internacional

12 bodies were found in Zimbabwe

Amnesty International revealed on Thursday that 12 bodies have been found in various areas of Zimbabwe. Most of the victims appear to have been tortured to death by their abductors.They were allegedly abducted by ZANU-PF supporters who, in some instances, were accompanied by armed men believed to be government agents. Four of the victims were reportedly abducted yesterday from the home of Mr Chipiyo, an MDC councillor-elect in Chitungwiza by ZANU-PF youths. One of the victims is Archford Chipiyo the son of the MDC councillor-elect. Five bodies were found in Masvingo province, while two were found in Gokwe district in the Midlands province and one was found dumped in Harare.Another victim died in Harare today in hospital of injuries sustained from the beatings by ZANU-PF youths when she attended a funeral of a relative in Buhera. Amnesty International has also received information from eyewitnesses that soldiers are going about threatening villagers with guns, instructing them to vote for President Mugabe on 27 June. "The government must publicly denounce all acts of violence by ZANU-PF supporters, 'war veterans' and soldiers and work with all political parties to end political violence immediately," said Amnesty International. "It should also withdraw soldiers, who have been deployed in rural and urban areas, and are instigating attacks against people perceived to be supporters of the MDC."Amnesty International also called on leaders of the South Africa Development Community (SADC) to convene an emergency summit to address the deteriorating security situation in Zimbabwe.

Source: Amnesty International

ONG dominicana denuncia dificultades de logística para arrestar y acusar a los agresores de mujeres

Con la aplicación del nuevo procedimiento penal, la Policía Nacional tiene serias dificultades de logística para arrestar y acusar a los agresores de mujeres, al tiempo que persisten prácticas de soborno y otras acciones poco transparente a la hora de su intervención.
El dato está contenido en un estudio titulado “Ruta critica de las dominicanas sobrevivientes de violencia de género”, realizado por Profamilia en coordinación con el Núcleo de Apoyo a la Mujer, en el cual se resalta la necesidad de crear más tribunales penales colegiados principalmente en el interior del país.
Cita al mismo tiempo, que la Policía es la institución con más limitaciones para el apresamiento de los agresores, tiene una actitud de no comprensión del fenómeno y aún en las detenciones por flagrancia tiene dificultades para actuar.
El estudio fue dado a conocer ayer en una ceremonia que contó con la asistencia del fiscal del Distrito, Nacional, doctor José Manuel Hernández, la directora de Profamilia, Magaly Caram, María de Jesús Pola y Manuela Vargas, entre otros.
Señala que los juzgados de Instrucción se han convertido en una especie de cuello de botella para el tratamiento de la Violencia Basada en Género Intrafamiliar y Sexual (VBGIS), debido a que son los que concentran las funciones de decidir el arresto, la calificación para la presión preventiva y emitir órdenes de protección, además que los jueces de la instrucción no son suficientes.
De acuerdo con las conclusiones del estudio es necesario aumentar el personal del ministerio público que labora en las áreas de violencia.

fuente. Hoy

Release Burmese Artist Leading Cyclone Relief

On June 4, 2008, famous Burmese comedian and renowned human rights activist Zarganar was detained by ten officials from Burma's State Peace and Development Council at his Rangoon home. Zarganar's arrest came just hours after he appeared in a BBC report about public anger over the military junta's handling of humanitarian aid to cyclone victims.
In the month since Cyclone Nargis brought devastation to the Irrawaddy delta, Zarganar has mobilized hundreds of Burmese volunteers to bring aid to 42 devastated villages. Zarganar's continuing arbitrary detention by the Burmese junta is in violation of international law and directly threatens such relief efforts.

source: Human Rights First

Mehmet Bal, de 33 años, objetor de conciencia

TURQUÍA.

El 13 de junio, el objetor de conciencia Mehmet Bal fue trasladado a una prisión militar de la ciudad meridional de Adana para ser juzgado por un tribunal militar. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, detenido únicamente por negarse a servir en las fuerzas armadas. Se imputan a Mehmet Bal tres cargos de insubordinación persistente y un cargo de deserción. El cargo de insubordinación persistente conlleva una pena de prisión de entre tres meses y dos años, y el de deserción, una pena de prisión de uno a tres años. La próxima vista de su juicio está prevista para el 20 de junio. Mehmet Bal fue detenido el 8 de junio en Estambul, por evasión del servicio militar, habiendo cumplido ya nueve de los 15 meses obligatorios del servicio turco. Inicialmente estuvo bajo custodia militar en Besiktas; el 9 de junio lo trasladaron a la Prisión Militar de Hasdal, en Estambul, y el 13 de junio, a la Prisión Militar de la Comandancia del 6º Cuerpo del Ejército, en Adana, donde se encuentra recluido actualmente. Mientras se encontraba detenido en Besiktas, Mehmet Bal fue objeto de abusos físicos a manos de los oficiales de servicio, como puñetazos en la cabeza, el rostro y el tórax. También le negaron agua y acceso al baño durante varias horas. El 9 de junio, Mehmet Bal fue trasladado a la Prisión Militar de Hasdal. Los abogados de Mehmet Bal contaron a Amnistía Internacional que durante su primer día en la Prisión Militar de Hasdal un oficial de alta graduación se lo llevó a un ala de la prisión y dio a otros presos la orden de "hacer lo que sea necesario para recordarle las reglas de la prisión". Varios presos atacaron a Mehmet Bal a puntapiés y le golpearon el cuerpo y el rostro con un tablón de madera. Después del ataque, Mehmet Bal fue llevado al Hospital Militar de Gumussuyu para recibir tratamiento médico. De allí lo devolvieron a la Prisión Militar de Hasdal el 10 de junio, según parece sin que se hubiera repuesto aún de sus lesiones.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Amnistía Internacional considera objetor de conciencia a toda persona que, por motivos de conciencia o convicciones profundas, se niegue a cumplir el servicio en las fuerzas armadas o a tener cualquier otra participación directa o indirecta en guerras o conflictos armados. Esto puede incluir la negativa a participar en una guerra por no estar de acuerdo con los objetivos de dicha guerra o con la manera en que se libra, incluso cuando la persona en cuestión no se oponga a participar en todas las guerras. Además, Amnistía Internacional considera preso de conciencia a toda persona que sea detenida o encarcelada exclusivamente por habérsele negado el derecho a presentar una objeción de conciencia o a cumplir una verdadera alternativa de servicio civil. La organización también considera presos de conciencia a los objetores de conciencia que son encarcelados por abandonar las fuerzas armadas sin autorización por motivos de conciencia cuando, a causa de dichos motivos, hayan tomado medidas razonables para conseguir ser relevados de las obligaciones militares. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la objeción de conciencia. La recomendación R (87) 8 del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, relativa a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, establece que: "Cualquier persona susceptible de ser reclutada para cumplir el servicio militar que, por razones imperiosas de conciencia, se niegue a hacer uso de las armas, tendrá el derecho a ser eximida de la obligación de realizar dicho servicio [...] Estas personas podrán realizar un servicio alternativo." La legislación de Turquía no reconoce el derecho a la objeción de conciencia y no existe la alternativa de un servicio civil para los objetores. En años recientes un pequeño número de objetores de conciencia ha declarado públicamente que se niega a realizar el servicio militar en Turquía. Por lo general se entabla proceso penal contra estas personas, y se las condena a penas de hasta tres años de prisión. Una vez cumplida la condena, reciben de nuevo la llamada a filas, y todo el proceso se repite.

fuente: Amnistia Internacional

Perú. Defensores de los Derechos Humanos denuncian impunidad en el Ejército

En Español:

Defensores de los derechos humanos denunciaron hoy una 'lógica protectora y de impunidad' en el seno del Ejército, a la hora de colaborar para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno que asoló al país andino entre 1980 y 2000.En un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Lima, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, alertó sobre la falta de colaboración por parte de las Fuerzas Armadas para identificar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad en ese periodo. Según explicó Gamarra, aún no existe la conciencia entre algunos estamentos militares de cooperar en la búsqueda de los culpables en casos como el de la localidad de Putis, donde más de 120 campesinos a los que acusaban de sediciosos fueron asesinados por miembros del Ejército en 1984, cuya fosa común está siendo exhumada en la actualidad. "Se pide información al Ejército sobre los responsables y ellos responden que no existe o que fue incinerada, aunque son documentos que, por ley, deberían estar en el Archivo de la Nación", dijo Gamarra. El responsable de la CNDHH señaló que incluso en documentos fechados en abril de este mismo año, el Ejército desconoce la existencia del grupo Colina, el destacamento militar clandestino responsable de las matanzas más significativas bajo el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), pese a los documentos y las sentencias judiciales que confirman su existencia. Gamarra aseveró, en este sentido, que para los militares "vale más la arena que la vida humana", en referencia a un reciente caso de corrupción en el Ejército sobre la venta ilegal de áridos procedentes de un cuartel, mientras que "para lo de Putis aún no hay un mea culpa''. Asimismo, Gamarra criticó la falta de voluntad del Gobierno de Alan García (2006-2011) para impulsar los procesos por violación de los derechos humanos y el 'estancamiento' de las medidas y recomendaciones dictadas para esclarecer estos crímenes.Para el ex procurador del Estado para casos de derechos humanos, esta actitud de García se debe a que el presidente 'tiene cuentas pendientes con el pasado' y tiene muy presente las presuntas violaciones cometidas durante su primer Gobierno (1985-1990).'El Gobierno ve que judicializar estos temas ahora es alentar que mañana puedan judicializarse los casos de Alan García', señaló Gamarra.La Coordinadora presentó el pasado viernes 13 su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el que se señala que las tendencias cada vez más autoritarias del Gobierno y la criminalización de los conflictos sociales son las mayores amenazas a los Derechos Humanos en Perú.Por otro lado, la entidad civil consideró como un 'hecho histórico, sin precedentes' el juicio al ex presidente Fujimori por violaciones a los derechos humanos por matanzas presuntamente cometidas por el escuadrón clandestino Colina. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la guerra interna que asoló Perú entre 1980 y 2000 dejó casi 70.000 muertos, la mayoría campesinos de remotas áreas andinas, a manos del grupo maoista Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y del Ejército de Perú.

fuente: Terra.

In English:

Defenders of the human rights denounced today a "protective logic and of impunity" in the bosom of the Army, at the moment of collaborating for the clarification of the violations of the human rights committed during the internal conflict that destroyed to the Andean country between 1980 and 2000. In a meeting with the foreign press credited in Lima, the executive secretary of the National Coordinator of Human rights (CNDDHH), Ronald Gamarra, was alert on the lack of collaboration on the part of the Armed Forces to identify the military men responsible for crimes against humanity in this period. As Gamarra explained, yet the conscience does not exist between any military estates of cooperating in the search of the culprits in cases as that of Putis's locality, where more than 120 peasants whom they were accusing of seditious were murdered by members of the Army in 1984, which common grave is being exhumed at present ."We ask the Army for information about the persons in charge and they answer that it does not exist or that it was incinerated, though they are documents that, for law, should be in the File of the Nation", Gamarra said. The person in charge of the CNDHH indicated that enclosed in documents dated in April of the same year, the Army does not know the existence of the group "Colina", the military clandestine detachment responsible for the most significant slaughters under the Government of Alberto Fujimori (1990-2000), in spite of the documents and the judicial judgments that confirm his existence. Gamarra affirmed, in this respect, that for the military men "give more value to the sand than the human life", in reference to a recent case of corruption in the Army on the illegal sale of arid proceeding from a military base, whereas "for it of Putis yet don't give a "mea culpa". Likewise, Gamarra criticized the lack of will of the Government of Alan García (2006-2011) to stimulate the processes for violation of the human rights and the 'stagnation' of the measures and recommendations dictated to clarify these crimes. For the ex-attorney of the State for cases of human rights, this García's attitude owes to that the president "has hanging accounts with the past " and he has in mind the supposed violations committed during his first Government (1985-1990). "The government sees that puting in hands of the justice these topics now, it's to encourage that tomorrow Alan García's cases could end in justice process", indicated Gamarra. The Coordinator presented last Friday, the 13th his annual report on the situation of the human rights in Peru, in the one that distinguishes itself, that the trends increasingly authoritarian of the social Government and the criminalización of the conflicts ploughs, the major threats to the Human rights in Peru. On the other hand, the civilian entity considered seize to "historical fact, without precedents" the judgment to the ex-president Fujimori for violations to the human rights for slaughters allegedly committed by the clandestine squadron "Colina". According to the Commission of the Truth and the Reconciliation, the internal war that destroyed Peru between 1980 and 2000 there left almost 70.000 dead people, the majority peasants of remote Andean areas, to hands of the group Maoist Sendero Luminoso, the Revolutionary Movement Túpac Amaru (MRTA) and of the Army of Peru.

source: Terra.

Detenidos de Guantánamo

EL TRIBUNAL SUPREMO MANTIENE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE DETENIDOS EN GUANTÁNAMO. El jueves 12 de junio, el Tribunal Supremo estadounidense que conoció el caso de Boumediene vs. Bush, sentenció que los detenidos que permanecen en la Bahía Guantánamo (Cuba) tienen el derecho de ventilar su detención ante tribunales estadounidenses civiles, bajo la provisión de hábeas corpus de la Constitución y además, tener el acceso a un abogado. En una decisión 5-4 , el Tribunal abatió una provisión en el Acto de Comisiones Militar de 2006 (MCA) que prohibió a detenidos solicitar peticiones de hábeas corpus y encontró que el procedimiento utilizado era un substituto de habeas corpus inadecuado. El MCA fue cesado por el Congreso en respuesta a una decisión anterior del Tribunal Supremo, que había rechazado la creación unilateral de la administración, de un antiguo sistema de componente militar para conocer de los casos de detenidos, fuera de los tribunales regulares estadounidenses. En el rechazo de la provisión que se habeas-desnuda del MCA, la decisión Boumediene sostuvo a que el Congreso constitucionalmente no puede impedir el derecho de hábeas corpus de detenidos en Guantánamo, muchos de los cuales permanecen detenidos durante más de seis años sin cargos. Mientras el Departamento de defensa no ha comentado como esta decisión afectará los futuros procedimientos en Guantánamo, un informe reciente elaborado por Human Rights First, In Pursuit of Justice: Prosecuting Terrorism Cases in the Federal Court (En la Búsqueda de Justicia: El Procesamiento de Casos de Terrorismo en el Tribunal Federal), concluye que el sistema de justicia federal criminal existente es capaz de manejar procesos de casos de terrorismo internacional, con las suficientes previsiones por la sensibilidad que genera, frente a preocupaciones e intereses de seguridad nacional. La directora de Human Rights First, Elisa Massimino manifestó que: "La creación de un nuevo sistema de detención y de pruebas, perpetuaría los errores de Guantánamo, no los resolvería.

fuente: Human Rights First.

SUPREME COURT UPHOLDS CONSTITUTIONAL RIGHTS OF GUANTÁNAMO DETAINEES TO CHALLENGE IMPRISONMENT. On Thursday, June 12, the U.S. Supreme Court ruled in the case of Boumediene v. Bush that detainees held at Guantánamo Bay have the rights to challenge their detention in U.S. civilian courts under the Constitution's habeas corpus provision and to have access to a lawyer. In a 5-4 decision, the Court struck down a provision in the Military Commissions Act of 2006 (MCA) that prohibited detainees from filing habeas corpus petitions and found its detainee screening process to be an inadequate habeas substitute. The MCA was passed by Congress in response to a previous Supreme Court decision that had rejected the administration's unilateral creation of a former military commission system for trying detainees outside the regular U.S. courts. In rejecting the habeas-stripping provision of the MCA, the Boumediene decision held that Congress could not constitutionally withhold the right of habeas corpus from Guantánamo detainees, many of whom have been held for over six years without charge, absent an imminent national emergency. While the Department of Defense has not commented on how the ruling will affect the future of Guantánamo proceedings, a recent report by Human Rights First, In Pursuit of Justice: Prosecuting Terrorism Cases in the Federal Court, concludes that the existing federal criminal justice system is best able to handle international terrorism prosecutions with due sensitivity to national security concerns. "Creating a new detention and trial system would perpetuate the errors of Guantánamo, not solve them," said Elisa Massimino, Washington Director of Human Rights First. "The United States criminal justice system is fully capable of handling the challenges posed by complex terrorism cases."

source: Human Rights First

La condena a muerte de Behnoud Shojaee

IRÁN. Behnoud Shojaee, de 20 años, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad, consiguió un aplazamiento de su ejecución durante un mes el 10 de junio, la víspera del día en que tenía que haber sido ejecutado. Se le concedió para que su familia pudiera negociar una indemnización económica con la del muchacho de cuya muerte por apuñalamiento fue declarado culpable, a cambio del indulto. Es la segunda vez que se aplaza su ejecución, pero sigue expuesto a ser ejecutado si ambas familias no llegan a un acuerdo. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, Irán se ha comprometido a no ejecutar a personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Sin embargo, desde 1990 ha ejecutado al menos a 30 personas en esas circunstancias, a siete de ellas en 2007 y a dos en 2008. El 10 de junio de 2008 fue ahorcado en la prisión de Sanandaj un muchacho kurdo que se cree tenía 16 o 17 años. Había sido declarado culpable del asesinato de un niño de 10 años. El tenía alrededor de 15 en ese momento (véase Kurdish boy executed in Iran, en: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611 ). El 26 de febrero de 2008 Javad Shoja'i, que había sido condenado a qesas (castigo equivalente al delito) por un asesinato cometido cuando tenía 16 años, fue ejecutado en la ciudad de Esfahan, en el centro de Irán. En la actualidad hay al menos otras 85 personas, o posiblemente más, condenadas a muerte en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad. El derecho internacional prohíbe las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y apoya la tendencia mundial a abandonar su uso, poderosamente expresada en una resolución de la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 2007, en la que se pide una moratoria mundial de las ejecuciones.

En Irán, los familiares de la víctima de asesinato tienen derecho a insistir en que se lleve a cabo la ejecución, o conceder un indulto al asesino a cambio de una indemnización. Las personas declaradas culpables de asesinato, no tienen derecho a solicitar un indulto ni la conmutación de la pena al Estado, lo que constituye una violación del artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

fuente: Amnistia Internacional.

Para más información sobre las ejecuciones llevadas a cabo en Irán por delitos cometidos siendo menor de edad, véase Irán: El último verdugo de menores (MDE 13/059/2007, junio de 2007) http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/059/2007/es/dom-MDE130592007es.html.

Para más información sobre el aplazamiento concedido a Behnoud Shojaee el 10 de junio, véase Irán: La suspensión debe ser el primer paso hacia el fin de las ejecuciones de menores (11 de junio de 2008), http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/iran-reprieve-should-be-first-step-ending-20080611

El caaso de Par Par Lay

UN birmano con caries va al dentista en Tailandia. Cuando el médico comprueba de lo que se trata, le pregunta: «¿Por qué ha venido desde tan lejos para esto? ¿No hay dentistas en su país?» «Sí -responde el birmano-, pero allí no podemos abrir la boca».Chistes como éste le han costado más de seis años en la cárcel a Par Par Lay, uno de los componentes de Moustache Brothers (los Hermanos del Bigote), los cómicos más famosos de Birmania y también los más perseguidos por la Junta militar que dirige esta paupérrima y aislada nación del sureste asiático.Con más de tres generaciones de humoristas en su familia y treinta años de experiencia, Par Par Lay, su hermano Lu Maw y su primo Lu Zaw empezaron a tener problemas con el régimen en 1996. «Para celebrar el Día de la Independencia el 4 de junio, actuamos en Yangón (Rangún) ante 2.000 personas, entre ellas la líder opositora Aung San Suu Kyi, que aún no estaba bajo arresto domiciliario», explica Lu Maw, quien señala que Par Par Lay ya pasó seis meses entre rejas en 1990, después de que los militares anularan las elecciones.Pero tras aquella representación ante la premio Nobel de la Paz, símbolo de la lucha por la democracia en Birmania, al humorista no le esperaban otros seis meses de prisión, sino siete años. Condenado por el vago delito de «subversión contra el Estado», Par Par Lay fue enviado a un campo de trabajos forzados.Con grilletesPicando piedra de sol a sol con grilletes en los tobillos, sometido a torturas, expuesto a enfermedades y subsistiendo a base de bazofia y agua turbia, los militares creían que se tomaría las cosas más en serio; pero «no dejó de actuar ante sus compañeros para hacerles más pasajera la condena», relata Lu Maw en la casa de la familia en Mandalay.En esta vivienda (nº 80-81 de la calle 39, en Mandalay) actúan para los extranjeros. El Gobierno vetó a los Hermanos del Bigote para el público birmano, pero les permite que sigan representando sus números en inglés para los turistas.

fuente: El Ideal

In English:

Par Par Lay, also known as U Pa Pa Lay, was arrested on 25 September 2007 in the city of Mandalay during the crackdown by security forces on anti-government protestors. He was arrested after leading a group of opposition party members in offering donations to Buddhist monks. It is not known where he is now detained.
Par Par Lay is a popular comedian in Myanmar. This is not the first time that he has been imprisoned.
On 4 January 1996, the 48th anniversary of Myanmar’s independence from the UK, a group of entertainers including Par Par Lay performed for a celebration at the home of Daw Aung San Suu Kyi, leader of the opposition party, the National League for Democracy (NLD). In their routine, Par Par Lay had joked that government cooperatives were thieves, and sang a comic song about Myanmar’s ruling Generals.
Following the performance, he and other entertainers from the group, known as the Moustache Brothers, were arrested. Most were released after a month but Par Par Lay, another comedian and two NLD members were charged with causing or intending "to spread false news, knowing beforehand that it is untrue". When NLD party members and their lawyers tried to attend the trial, they found the courtroom closed. They later learned that a judge and a prosecuting lawyer had gone to Mandalay prison to conduct the trial there. The defendants were not allowed any legal representation.
On 18 March 1996, Par Par Lay was sentenced to seven years' imprisonment. For part of his sentence, he was held in a labour camp, where he was forced to work with iron bars across his legs.
Thousands of Amnesty International supporters around the world, including famous fellow comedians, called for the release of Par Par Lay and his friends.
Par Par Lay was released on 13 July 2001, though he was kept under close surveillance thereafter by Military Intelligence. It is not known where he is now being held.

Zargana, also known as Thu Ra, is a trained dental surgeon and a famous comedian in Myanmar. He has produced and acted in a number of films, having been banned from performing in public several years ago.
Zargana was arrested on 25 September 2007 in the city of Yangon. He is reported to have been organizing celebrities from the entertainment industry in Myanmar in support of the demonstrations. It is not known where he is detained.
Zargana was first arrested on 2 October 1988, after taking part in the largely peaceful mass demonstrations that took place in Yangon in August 1988. These demonstrations called for an end to military control of Myanmar's government and for the establishment of a multi-partydemocratic system under a civilian administration. Zargana reportedly appeared at several demonstrations satirizing the interim government of Dr Maung Maung, claiming the military controlled it behind the scenes. He was released on 21 April 1989.
His next arrest came in May 1990 after he reportedly impersonated a government official at an event attended by thousands of people. He was sentenced to five years’ imprisonment, and was released on 25 March 1994.

Source: Amnesty International

Derogación de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia

En uno de los posts anteriores, señalábamos las consideraciones de la ONG venezolana, pro defensa de los Derechos Humanos PROVEA sobre la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que fuera promulgada en ese país.

Hoy nos llega una nota en la que se indica que tal Ley fue derogada, la cual transcribo a continuación:

El presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la aprobación esta tarde de un decreto de derogación de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y dijo que le dejará a la Asamblea Nacional la creación de un instrumento legal que articule los cuerpos de inteligencia. El mandatario dijo haber escuchado las críticas de diferentes sectores de oposición a la Ley y haber consultado internamente al respecto, por lo que llegó a esa decisión. Afirmó que su gobierno da prioridad al respeto a los derechos humanos y que la ley aprobada contenía disposiciones que no podrían llevarse a efecto mientras se mantuviera en el poder.

fuente: Unión Radio.

Como señalamos en el Editorial de Delito y Violencia, con el esfuerzo individual de cada quien se pueden lograr muchas cosas. La derogatoria de esta Ley es un ejemplo de ello. Todos los derechos para tod@s.

DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA: Avances en arduo camino

Original por Constanza Vieira

MEDELLÍN, Colombia, 2 jun (IPS) - Aunque "con paso muy lento", la tendencia en América es al "fortalecimiento de los derechos humanos", señaló la activista María Victoria Fallon en la antesala de la 38 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza en Colombia.

"El Sistema Interamericano (en el área humanitaria) se fortalece, como se han ido fortaleciendo también algunas democracias dentro del hemisferio", agregó Fallon, portavoz de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos, en diálogo con IPS.

En similar sentido se pronunció el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, en la sesión inaugural del domingo por la noche de la reunión máxima del foro que reúne a 34 países de América, todos a excepción de Cuba excluida desde 1962. El encuentro transcurre en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia, y finalizará este martes. En estas reuniones de la OEA, la Coalición ventila el tema de los derechos humanos y la obligación de los estados miembros de cumplir con las resoluciones del Sistema Interamericano de Justicia, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las convenciones ratificadas por los países.

Pero esta ocasión es especial: entre 2008 y 2009 cumplen 60 años la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 40 años la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos y 30 años de su entrada en vigor. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple 50 años, y 30 la Corte. Por eso, la Coalición, una alianza de organizaciones defensoras de derechos humanos que litigan ante la Corte y la Comisión, propone a la actual Asamblea General siete medidas concretas. Mientras todos los países ratifican la Convención, la Asamblea debe solicitar a los países que no lo han hecho, como Estados Unidos, que entreguen un informe nacional sobre el estado de los derechos humanos y su legislación.

La segunda medida es que la Asamblea ratifique, en una resolución, la autonomía e independencia de la Corte, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión, con oficinas en Washington. "Los miembros de la Comisión y de la Corte son elegidos por la Asamblea General, que es un organismo político. Si bien la Comisión es un órgano que podríamos caracterizar como jurídico-político, y la Corte como un órgano totalmente judicial, de alguna manera la elección de sus miembros puede llegar a tener una incidencia política", comentó Fallon a IPS. "Lo que nosotros pedimos es que se avance para que cada día la elección de los miembros de la Comisión y de la Corte sea más transparente, y orientada fundamentalmente por las capacidades individuales, la experiencia y el compromiso de las personas que sean propuestas para esos cargos", añadió.

Actualmente, cada gobierno propone ternas para reemplazar a los integrantes de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Es una función política. Estamos pidiendo que existan mecanismos internos, dentro de cada estado, que posibilite a la sociedad civil participar en la postulación de candidatos", señaló la jurista. Otras dos medidas se refieren al financiamiento adecuado de ambas instancias y a la posibilidad de que éstas funcionen de manera permanente.

La Coalición aspira a que la Asamblea General de la OEA adopte una resolución para que los miembros que aún no hayan acatado recomendaciones de la Comisión o sentencias de la Corte presenten, "a más tardar en mayo de 2009, un plan de cumplimiento que incluya medidas de no repetición", indica el pronunciamiento leído por Fallon. Las víctimas merecen un interés especial de la Coalición. El Sistema Interamericano es un mecanismo para que ellas obtengan "justicia y reparación adecuadas", por lo que "es imperioso" eliminar todos los obstáculos que se atraviesan en ese objetivo. "Para las víctimas es sumamente costoso acudir ante el Sistema. Y cada vez es más difícil, porque depende totalmente de la financiación que puedan hacer agencias que apoyan el trabajo en derechos humanos", advirtió Fallon.

En ese sentido, la propuesta de la Coalición de crear, mediante resolución de la Asamblea, un Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano, "tiene acogida favorable en distintos ámbitos de los (poderes) ejecutivos en distintos países" miembros, adelantó. Respecto de la protección a la labor de los defensores de derechos humanos, otro punto focal de la Coalición, los integrantes de la OEA deben adoptar "a más tardar en enero de 2009" planes de acción para la promoción, garantía, respeto y protección de esa actividad. También, "recordar el carácter vinculante de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los órganos del Sistema Interamericano", pues son "una herramienta clave para proteger y garantizar el derecho a la vida y la integridad personal".

El llamado Pronunciamiento de la Coalición fue expuesto por Fallon en la mañana del domingo, en una sesión preliminar de la Asamblea General de la OEA denominada "Diálogo de jefes de delegación con representantes de la sociedad civil". A Fallon, como a los demás que intervinieron en la sesión, le dieron dos minutos para expresar sus planteamientos. ¿Hubo diálogo?, preguntó IPS. "No, no hay diálogo. Y ese es precisamente uno de los obstáculos que nosotros hemos señalado en el entendimiento entre la sociedad civil y la Asamblea General de la OEA", dijo la activista. "Es una muestra más de la dificultad para que los estados escuchen a la sociedad civil sobre lo que se necesita en América", sostuvo.

Original de: Constanza Vieira. Fuente: IPS

Campaña de Terror previa a elecciones en Zimbabwe

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que las elecciones presidenciales del próximo 27 de junio 'nacen muertas' debido a la campaña de 'violencia e intimidación' que llevan a cabo el Gobierno de Zimbabue y sus aliados contra los militantes y simpatizantes del partido opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). "Desde que se anunciaron las elecciones la violencia ha empeorado en Zimbabue", declaró la directora para África de Human Rights Watch, Georgette Gagnon. "Los zimbabuenses no pueden votar libremente si temen que su voto les puede llevar a la muerte", añadió. En un informe hecho público hoy, Human Rights Watch documenta numerosos casos de secuestros, palizas, torturas y homicidios perpetrados por policías y militares, por partidarios y militantes de la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) y por los llamados "veteranos de guerra" contra los activistas y partidarios (reales o supuestos) del MDC. El informe da cuenta de al menos 36 homicidios por motivos políticos y de alrededor de otras 2.000 víctimas de la violencia. También analiza el papel del Gobierno a la hora de incitar o perpetrar estos hechos y su inacción para poner fin a la violencia y perseguir a sus prepetradores. El informe es el resultado de más de 70 entrevistas con víctimas y testigos efectuadas desde el pasado mes de marzo en las diez provincias de Zimbabue. Asimismo, el documento insta a la Unión Africana y a la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) a ejercer su influencia e instar al presidente Robert Mugabe a poner fin a la violencia y a entregar a sus responsables ante la Justicia.

CAMPAÑA DE VIOLENCIA.

Los miembros de ZANU-PF y sus aliados, según HRW, están llevando a cabo una campaña de saqueos, robos de ganado y alimentos y destrucciones de propiedades y viviendas por motivos políticos. Los "veteranos de guerra" y las milicias juveniles han instalado puestos de control y ocupan amplias zonas del país para impedir que circulen informaciones sobre la gravedad de la violencia y para castigar a los que, a su juicio, son partidarios del MDC. La violencia es particularmente intensa en las zonas rurales en las que el ZANU-PF tiene mayor presencia. El informe indica que más de 3.000 personas han huido de sus hogares a causa de la violencia y están desplazadas dentro del país, sin apenas acceso a agua potable y alimentos. Un número indeterminado de ellas han huido a Mozambique, Botswana y Sudáfrica. Asimismo, HRW ha constatado la "creciente represión" del Gobierno contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. En mayo, la Policía detuvo a varios sindicalistas, a un abogado de Derechos Humanos y a numerosos periodistas por motivos políticos. Aparte, el Gobierno ha ordenado a todas las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que suspendan sus actividades bajo la acusación de haber politizado las distribuciones de ayudas. El informe denuncia también que "en un aparente intento de subvertir el proceso electoral y de generar miedo entre los responsables electorales y los observadores locales, la Policía ha detenido a más de cien presidentes de colegios y responsables electorales bajo la acusación de fraude electoral". También se han registrado ataques por parte de los partidarios del ZANU-PF a cientos de obervadores de la organización independiente Red Zimbabuense de Apoyo a las Elecciones, muchos de los cuales se han visto obligados a huir de sus casas.

fuente: Human Rights Watch, Terra

Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia

Provea, organización venezolana no gubernamental de defensa de los derechos humanos, expresa preocupación por el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia: "Presentamos un primer avance del análisis de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia dictada por el Presidente de la república en el marco de las competencias que le permite la Ley habilitante para dictar Decretos Leyes. En principio consideramos que en si mismo crear órganos de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de preservar la seguridad de la nación no implica un riego a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, la Ley promulgada establece varios hechos que son preocupantes:En primer lugar y ratificando lo ya establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, impone a los ciudadanos y ciudadanas la obligación de colaborar en labores de inteligencia. Esto sin duda nos acerca a lo que políticamente se conoce como "Estado policial", al pretender convertir a todas las personas en informantes. Además, implica obligar a una persona, en aras de dar información al Estado, a colocar en riesgo su integridad física y vida si consideramos lo delicado que implica asumir tales actividades. Es decir contra su propia voluntad una persona tiene que arriesgar su condición física para alimentar la labor de inteligencia del Estado. En segundo lugar, deja abierta la posibilidad de actuaciones policiales contra el domicilio y las personas sin requerir orden judicial. Queda a la sola discreción de las policías la motivación de la operación policial. Ello en un país caracterizado por policías acostumbrados a la violación de los derechos humanos, a irrespetar las leyes y maltratar a los ciudadanos constituye un riesgo a la libertad y a la inviolabilidad del domicilio. En tercer lugar, establece normas que pudiesen implicar complicar aún más el ya difícil acceso a la información existente en el país. Nos preguntamos que pasaría con la información y la posibilidad de realizar investigación independiente cuando estén involucrados policías y militares, por ejemplo, si se produjeran acciones violentas que dejaran como saldo la muerte de una o varias personas por la arbitrariedad de la actuación policial. Pensemos por ejemplo en un caso parecido a la Masacre de la Paragua ocurrida hace pocos años. Nos preguntamos: ¿sería secreta toda la información relacionada con el caso? Estarían en riesgo a su libertad las personas que se atrevieran a hacer públicos documentos o informaciones que establecieran alguna relación de culpabilidad de funcionarios policiales y militares.Por la manera en que están redactados los artículos y conociendo la practica del Estado de obstruir la información que debería ser pública, consideramos que la Ley pudiera constituirse en un obstáculo para la denuncia e investigación de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Si desea conocer el texto de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, puede descargarla en http://www.divshare.com/download/4623751-4ba

fuente: Provea

Proyecto de Directiva sobre Inmigrantes en Europa

Asociaciones de defensa de los derechos humanos se movilizan contra el proyecto de la UE para facilitar la expulsión de inmigrantes.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos humanos en toda Europa se están movilizando para conseguir firmas con las que exigir a la Eurocámara que no ratifique la directiva para facilitar la expulsión de inmigrantes.
La campaña No a la directiva de la vergüenza, en la que participan asociaciones de defensa de los derechos humanos como la andaluza APDHA, ha lanzado el manifiesto No a la directiva de la vergüenza y que puede firmarse a través de la Red. “Nueva regresión” El manifiesto denuncia que “el proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión” en la política migratoria de la UE que se viene deteriorando desde 1990 y que “al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana : la generalización de una politítica de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes”. Oportunidad histórica de la Eurocámara También advierten de que “al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos”. Advierten a los parlamentarios europeos de que tienen “una responsabilidad histórica” para “impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado”. Por ello solicitan a los europarlamentarios “que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto”. -->
La campaña No a la directiva de la vergüenza, en la que participan asociaciones de defensa de los derechos humanos como la andaluza APDHA, ha lanzado el manifiesto No a la directiva de la vergüenza y que puede firmarse a través de la Red. “Nueva regresión” El manifiesto denuncia que “el proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión” en la política migratoria de la UE que se viene deteriorando desde 1990 y que “al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana : la generalización de una politítica de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes”. Oportunidad histórica de la Eurocámara También advierten de que “al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos”. Advierten a los parlamentarios europeos de que tienen “una responsabilidad histórica” para “impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado”. Por ello solicitan a los europarlamentarios “que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto”.

fuente: http://www.elplural.com/noticiasred/detail.php?id=21777

Detención de Feng Zhenghu

Denuncian la detención de un conocido defensor de los derechos humanos chino Feng Zhenghu, un defensor de los derechos humanos conocido por sus críticas al sistema judicial chino, está detenido desde el 5 de junio por "desorden público", según ha denunciado en un comunicado la organización China Human Rights Defenders (CHRD). Feng fue detenido en su casa por miembros del Buró de Seguridad Pública de Shanghai, y sus ordenadores fueron confiscados, añadió la nota de CHRD. Feng continúa detenido, en un centro policial del distrito de Yangpu, mientras las autoridades registraron la casa de uno de sus amigos, Chang Xiong, añadió la información. Al parecer, Feng ha sido detenido por la publicación y distribución de un artículo bajo el título "Un testimonio de la injusticia de los tribunales de Shanghai". El activista estuvo en la cárcel entre 2000 y 2003, por publicar información sobre empresas japonesas en Shanghai, pero él siempre defendió que la sentencia había sido injusta. Tras salir de prisión, comenzó a documentar y reunir casos de sentencias en las que otros procesados también denunciaban errores judiciales o fallos de procedimiento, elaborando en enero de 2008 el artículo antes mencionado, que fue entregado a autoridades e incluso legisladores nacionales. Esta semana, con ocasión del decimonoveno aniversario de la matanza de Tiananmen (4 de junio de 1989), varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas CHRD, pidieron al Gobierno chino que abandone su acoso a ciudadanos críticos con la política gubernamental y libere a los presos de conciencia.

fuente: Terra.

Después de su ingreso a prisión, el periodista independiente cubano Normando Hernández González fue enviado el 14 de septiembre de 2007 al "Carlos J. Finlay", Hospital Militar en La Habana, Cuba, lo que se esperaba era un paso adelante hacia su liberación. En lugar de ello, el 7 de mayo fue devuelto a una celda de aislamiento en la prisión Kilo 7. Su tratamiento médico por diversas enfermedades ha sido detenido y el acceso de su familia ha sido restringido. La denegación de tratamiento médico a Hernández González, miembro del Grupo de los 75 que ha estado en prisión desde 2003, parece ser parte de una mayor respuesta por parte del gobierno cubano para desarticular y desacreditar la comunidad de derechos humanos en la isla. El derecho a la salud es un derecho fundamental de la persona humana y por ello desde delito y violencia, hacemos un llamado a las autoridades que correspondan, para que se garantice tal derecho a dicho periodista.

fuente: Human Rights First.

Curtis Osborne fue ejecutado en el estado de Georgia, Estados Unidos de América, el 4 de junio de 2008. Había sido condenado a muerte en agosto de 1991 por el asesinato, cometido en agosto de 1990, de Linda Seaborne y Arthur Jones. En la vista de solicitud de indulto celebrada el 30 de mayo se presentaron ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia declaraciones de apoyo al indulto realizadas por personalidades de alto nivel, como el ex presidente Jimmy Carter, el ex director del FBI y juez federal William Sessions, el ex fiscal general Griffin Bell, el ex fiscal general adjunto Larry Thompson y el ex presidente de la Corte Suprema de Georgia Norman Fletcher.Entre los motivos de preocupación que expresaron se encontraba el hecho de que a Curtis Osborne se le había negado una asistencia letrada efectiva en el juicio inicial, especialmente en la fase de determinación de la pena. Por ejemplo, el abogado que defendió a Osborne no había presentado testimonios atenuantes relativos a su salud mental, pese a las pruebas que indicaban que Osborne sufría un fuerte trastorno depresivo y trastorno de estrés postraumático en el momento del crimen. Durante las apelaciones federales se dijo que la decisión del abogado de no investigar adecuadamente a su cliente mediante la contratación de testigos expertos se había debido a la animosidad racial de dicho abogado ante su cliente de raza negra (detallado en la AU original).Norman Fletcher, quien como presidente de la Corte Suprema del estado había votado en 1993 por confirmar la condena de muerte de Osborne, dijo a la Junta que la cuestión que se les planteaba era "la legitimidad de ejecutar a un ser humano cuyo abogado no puso el celo debido en representarlo, se negó a investigar vías que muy bien podrían haber conducido a una pena de prisión en lugar de una de muerte, y actuó movido por un sesgo racial, tal como los hechos han revelado ahora". Siguió diciendo: "No podemos fiarnos de la decisión que tomó [el jurado] [...] La experiencia ha demostrado que no puede dejar de destacarse la importancia de la preparación para la fase de determinación de la pena y la exposición de los factores atenuantes para que el jurado los tenga en cuenta [...] Sin la presentación de esos factores atenuantes, al jurado se le niega en la práctica el derecho a considerar una condena que no sea de muerte. Y eso es exactamente lo que sucedió en este juicio [...] Conociendo lo que ahora se me ha presentado y se presenta ante ustedes, deseo profundamente haber podido hacer más para que el sistema proporcionara un juicio justo y una apelación justa al Sr. Osborne, para que se le administrara justicia sin tener en cuenta su raza, tal como promete la Constitución de nuestro estado. Hasta el momento, esto no ha sucedido".Además de pedir el indulto a la Junta, el ex director del FBI William Sessions escribió en el Atlanta Journal-Constitution: "Osborne admite que es culpable de los asesinatos por los que fue condenado, pero la condena se ha visto enturbiada para siempre por la actuación extremadamente inadecuada de su abogado. Cuando a una persona acusada de asesinato le falla su abogado, nuestra fe en el veredicto y en el propio sistema de justicia penal se tambalea".El secretario general del Consejo de Europa también pidió a la Junta que detuviera la ejecución, y señaló que el caso de Curtis Osborne era "especialmente inquietante en tanto que se ha informado de que el jurado que lo condenó a muerte no escuchó en ningún momento los testimonios de expertos en salud mental que podrían haber ayudado a explicar la conducta del acusado en el momento del crimen. Su ejecución contravendría las normas internacionales de derechos humanos, incluida la resolución recientemente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide una moratoria mundial de las ejecuciones".La Junta denegó el indulto el 2 de junio, El 4 de junio, la Corte Suprema de Georgia denegó una suspensión de la ejecución. La ejecución estaba fijada para las siete de la tarde, y se retrasó casi una hora mientras la Corte Suprema de Estados Unidos examinaba un recurso de última hora. Al denegarse ese recurso, se inició el proceso de ejecución. Luego se volvió a retrasar mientras el equipo de ejecución luchaba, durante más de media hora, por encontrar venas adecuadas para la inyección letal. Curtis fue declarado muerto a las 21:05, 14 minutos después de inyectársele la primera de las tres sustancias químicas.Esta ha sido la cuarta ejecución que se lleva a cabo en Estados Unidos este año, y la número 1.103 desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. El estado de Georgia ha sido responsable de 42 de estas ejecuciones.

Desde Delito y Violencia estamos en contra de la pena de muerte, por lo que sumamos nuestro voto a la campaña mundial en favor de la erradicación de esta forma de condena.

fuente: Amnistía Internacional