Con la aplicación del nuevo procedimiento penal, la Policía Nacional tiene serias dificultades de logística para arrestar y acusar a los agresores de mujeres, al tiempo que persisten prácticas de soborno y otras acciones poco transparente a la hora de su intervención.
El dato está contenido en un estudio titulado “Ruta critica de las dominicanas sobrevivientes de violencia de género”, realizado por Profamilia en coordinación con el Núcleo de Apoyo a la Mujer, en el cual se resalta la necesidad de crear más tribunales penales colegiados principalmente en el interior del país.
Cita al mismo tiempo, que la Policía es la institución con más limitaciones para el apresamiento de los agresores, tiene una actitud de no comprensión del fenómeno y aún en las detenciones por flagrancia tiene dificultades para actuar.
El estudio fue dado a conocer ayer en una ceremonia que contó con la asistencia del fiscal del Distrito, Nacional, doctor José Manuel Hernández, la directora de Profamilia, Magaly Caram, María de Jesús Pola y Manuela Vargas, entre otros.
Señala que los juzgados de Instrucción se han convertido en una especie de cuello de botella para el tratamiento de la Violencia Basada en Género Intrafamiliar y Sexual (VBGIS), debido a que son los que concentran las funciones de decidir el arresto, la calificación para la presión preventiva y emitir órdenes de protección, además que los jueces de la instrucción no son suficientes.
De acuerdo con las conclusiones del estudio es necesario aumentar el personal del ministerio público que labora en las áreas de violencia.
El dato está contenido en un estudio titulado “Ruta critica de las dominicanas sobrevivientes de violencia de género”, realizado por Profamilia en coordinación con el Núcleo de Apoyo a la Mujer, en el cual se resalta la necesidad de crear más tribunales penales colegiados principalmente en el interior del país.
Cita al mismo tiempo, que la Policía es la institución con más limitaciones para el apresamiento de los agresores, tiene una actitud de no comprensión del fenómeno y aún en las detenciones por flagrancia tiene dificultades para actuar.
El estudio fue dado a conocer ayer en una ceremonia que contó con la asistencia del fiscal del Distrito, Nacional, doctor José Manuel Hernández, la directora de Profamilia, Magaly Caram, María de Jesús Pola y Manuela Vargas, entre otros.
Señala que los juzgados de Instrucción se han convertido en una especie de cuello de botella para el tratamiento de la Violencia Basada en Género Intrafamiliar y Sexual (VBGIS), debido a que son los que concentran las funciones de decidir el arresto, la calificación para la presión preventiva y emitir órdenes de protección, además que los jueces de la instrucción no son suficientes.
De acuerdo con las conclusiones del estudio es necesario aumentar el personal del ministerio público que labora en las áreas de violencia.
fuente. Hoy
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